Pasaron 8 años del conflicto en el Mincyt, recupero el sentido político de aquella lucha histórica en defensa de la universidad pública, la soberanía y los derechos sociales en Argentina. Partiendo de la movilización universitaria masiva en Plaza de Mayo de aquel 30 de agosto, cuando el conflicto universitario que atravesó todo el país, se construyó la unidad entre docentes, estudiantes y trabajadores estatales frente al ajuste impulsado en articulación con el Fondo Monetario Internacional.
No hubo sorpresa ni ingenuidad: sabíamos perfectamente a qué venía. Nunca tuvimos dudas. Venía a destruir lo construido en materia de soberanía, de igualdad y de autonomía política en nuestro país. En ese sentido, lo que vivimos fue el desenlace de una novela anunciada.
Pero esa misma certeza fue también el punto de partida de otra cosa: la organización. Desde el primer minuto nos preparamos para resistir. No hubo vacilaciones respecto del rol que nos correspondía asumir: construir la más amplia unidad posible para frenar el ajuste. Esa convicción no fue retórica, fue práctica. Se expresó en las calles, en los espacios de trabajo, en las aulas.
Por eso fuimos 500.000 personas en la Plaza de Mayo aquel jueves histórico, defendiendo la universidad pública argentina. No fue un hecho aislado ni una movilización más: fue la manifestación de una conciencia colectiva que entendía que lo que estaba en juego excedía ampliamente lo sectorial.
Porque nunca se trató solamente de salarios. El conflicto universitario fue —y sigue siendo— un conflicto por el sentido mismo de la universidad pública, por su lugar en el proyecto de país, por su vínculo con los derechos sociales. Defender la universidad fue defender un modelo de sociedad.
En ese contexto, la consigna fue clara: no “comernos la curva”. Entender que cuando avanzan sobre uno, luego avanzan sobre todos. Por eso la unidad no era una opción táctica sino una necesidad estratégica. Docentes, trabajadores estatales, científicos, estudiantes: todos formábamos parte de una misma trama de resistencia frente al desguace del Estado.
El conflicto no se detuvo, porque las causas que lo originaron tampoco desaparecieron. Continuó en cada espacio, en cada pelea, en cada gesto de organización. Y también en la denuncia: frente a la represión, frente a la destrucción de políticas públicas, frente al vaciamiento de áreas sensibles como la ciencia y la tecnología.
Recuerdo con claridad la indignación ante el desmantelamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No solo por lo que implicaba en términos de política pública, sino por la traición que significaba respecto de compromisos asumidos. Allí también se expresó una dimensión ética del conflicto: la exigencia de responsabilidad y coherencia a quienes tenían funciones de gobierno.
En ese marco, se planteaba la necesidad de profundizar la movilización, de construir nuevas instancias de unidad y de llevar el conflicto al corazón de las decisiones políticas, como el debate presupuestario en el Congreso. Porque lo que estaba en discusión no era un presupuesto más: era la subordinación de la política económica a intereses externos, la pérdida de soberanía en la definición de prioridades nacionales.
A ocho años de تلك lucha, su vigencia es evidente. No solo porque muchas de las tensiones estructurales persisten, sino porque dejó enseñanzas profundas. La principal: que la organización colectiva, la unidad y la claridad política son herramientas indispensables frente a proyectos de ajuste y subordinación.
También dejó una memoria activa. Una memoria que no es nostalgia, sino experiencia acumulada. Que permite reconocer escenarios, anticipar conflictos y, sobre todo, sostener convicciones.
Aquella certeza inicial —saber a qué venían— fue clave. Pero más importante aún fue la respuesta: saber qué teníamos que hacer. Y hacerlo.
Porque si algo demostró esa etapa es que, frente a la ofensiva, no hay lugar para la pasividad. Como se decía entonces, y sigue resonando hoy: no es momento para frenar. Nadie se baja. La lucha continúa.